Un ministro propone una vía para que la Corte investigue las denuncias contra Yasmín Esquivel por el plagio de su tesis. Vía El País.
El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara reconoce que la presidenta del Supremo, Norma Piña, tiene facultades para determinar si se inicia o no un procedimiento disciplinario contra Esquivel
ZEDRYK RAZIEL para El País
El debate por las acusaciones de plagio académico cometido por la ministra Yasmín Esquivel está por avivarse en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El ministro Juan Luis González Alcántara ha circulado a sus colegas un proyecto en el que propone qué trámite administrativo debe dar el máximo tribunal a los cientos de denuncias presentadas contra Esquivel para iniciar, eventualmente, un procedimiento disciplinario en su contra. EL PAÍS ha tenido acceso a detalles del proyecto, que sostiene que la Corte sí tiene facultades para investigar denuncias promovidas contra alguno de sus integrantes e imponer sanciones administrativas, si el caso lo amerita. Este asunto en el Supremo corre por una vía separada de la que sigue la UNAM, que aún debe determinar si la ministra incurrió en plagio en su tesis de licenciatura en Derecho en 1987.
El proyecto de consulta a trámite 1/2023 elaborado por González Alcántara será votado en una sesión privada en las próximas semanas. Si se aprueba con una mayoría simple de seis votos, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) deberá revisar las denuncias, que hasta mediados de marzo sumaban 667, y elaborar un informe. A partir de ese reporte, la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, deberá resolver sobre la admisibilidad de las quejas, esto es, determinar si existen elementos suficientes para la apertura del proceso disciplinario. No es que el proyecto proponga dar a la ministra presidenta una facultad extraordinaria. En realidad, se trata de reconocer lo que dispone el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que indica que a la presidencia del tribunal la corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas con base en el informe que presente la UGIRA.
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